Por Víctor Campos
Tres hombres fueron rescatados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en circunstancias que revelan una preocupante mezcla de violencia, posible justicia por mano propia y señales de actividad delictiva organizada.
El operativo se desplegó en el poblado de Obregón Nuevo, del municipio Othón P. Blan co, tras recibir un reporte sobre un individuo retenido por presunto robo de cable en una subestación de la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, al llegar al lugar, los agentes no encontraron al supuesto ladrón, sino algo mucho más inquietante: tres hombres amarrados de pies y manos con cinta canela y cable, tirados boca abajo detrás de la subestación.
Junto a ellos se hallaron tres bolsas de plástico que contenían un total de 50 bolsitas con hierba seca, aparentemente marihuana. Estos elementos fueron registrados como indicios por las autoridades, aunque aún no se ha determinado si los hombres estaban relacionados con la droga o si esta fue colocada para incriminarlos.
Los rescatados presentaban signos de deshidratación y fueron atendidos antes de ser trasladados al hospital general. Posteriormente, fueron llevados ante la Fiscalía General del Estado para rendir declaración. Según su testimonio, fueron “levantados” por sujetos encapuchados en distintos momentos y vehículos, lo que sugiere una operación coordinada.
Jesús Alfonso T. C., Betuel H. P. y Geovany Islas Román fueron identificados como los hombres rescatados; según reportes, Jesús Alfonso y Betuel habrían sido secuestrados en la comunidad de Sergio Butrón Casas, mientras que Geovany fue privado de su libertad en julio sobre el tramo carretero Ucum–Sac-Xan.
Este caso abre serias interrogantes sobre el estado de derecho en zonas rurales del sur de Quintana Roo. ¿Estamos ante un caso de justicia comunitaria que se salió de control? ¿O se trata de una célula del crimen organizado que opera con impunidad? La presencia de droga junto a las víctimas podría ser una señal de que hay más en juego que un simple robo de cable.
Además, la falta de denuncia formal por parte de los pobladores y la ausencia de testigos directos refuerzan la idea de que el miedo y el silencio siguen siendo moneda corriente en comunidades donde la ley llega tarde —o no llega.
Ahora, las autoridades deberán esclarecer si los tres hombres eran realmente responsables de algún delito, si fueron víctimas de una red criminal o si se trata de un caso de linchamiento encubierto. Lo cierto es que este episodio pone en evidencia la fragilidad de la seguridad en zonas rurales y la urgencia de fortalecer el tejido institucional para evitar que la violencia se convierta en el método predilecto de resolución de conflictos.
