Por Víctor Campos
En Quintana Roo, el sol brilla para todos, pero el acceso a sus playas parece reservado para unos cuantos. Esta semana, el Congreso local decidió no discutir un punto de acuerdo que buscaba garantizar el libre acceso a las costas de Tulum. La propuesta, presentada por el diputado José Luis Pech Várguez, fue desechada por la mayoría parlamentaria sin mayor debate. ¿Qué dice esto sobre nuestras instituciones?
La negativa no es solo una omisión legislativa; es un síntoma de cerrazón política. En un estado que vive del turismo, donde las playas son patrimonio natural y constitucionalmente públicas, resulta alarmante que se evite abordar un tema que afecta directamente a las familias locales y trabajadores del sector. Pech lo dijo claro desde la tribuna: “El acceso a las playas no es un lujo, es un derecho constitucional”.
La defensa del espacio público no debería dividirse entre oficialismo y oposición. Sin embargo, los diputados de Morena, como Saulo Aguilar Bernés y Wilber Batún Chulín, minimizaron el problema, asegurando que “las playas son del pueblo y seguirán siéndolo”. ¿Pero cómo puede seguir siéndolo algo que está cercado, vigilado y condicionado al pago de cuotas indebidas?
La columna vertebral de la democracia es el diálogo, y cuando el Congreso se niega a discutir lo que la ciudadanía exige, se erosiona la confianza en las instituciones. No se trata de una cruzada personal ni de una estrategia electoral. Se trata de justicia social, de garantizar que quienes viven en Tulum no sean tratados como extraños en su propia tierra.
Mientras se promueven megaproyectos e inversiones millonarias en el Caribe mexicano, los accesos históricos como Pescadores, Mariachi, Maya, Santa Fe, Mangle y Paraíso permanecen bloqueados. ¿Qué mensaje envía esto a los habitantes? Que el desarrollo es para los visitantes, no para ellos.
El Congreso tiene la responsabilidad de representar al pueblo, no de blindarse ante sus demandas. Ignorar el debate sobre el acceso a las playas es ignorar el derecho a lo público, a lo común, a lo que nos pertenece por ley y por historia.
La pregunta que queda es: ¿Cuántas veces más se negará el diálogo antes de que la ciudadanía decida abrirse paso por sí sola?
* Víctor Campos es un periodista con más de 30 años en la actividad, desempeñando diversos puestos en periódicos de la entidad como Diario de Quintana Roo y Por Esto, así como medios digitales como Informativo Quintana Roo. Ha participado en la administración pública estatal y municipal, ocupando puestos directivos relacionados con la comunicación social gubernamental y la gestión pública. Actualmente desarrolla un proyecto de comunicación propio en radio y televisión.
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