*Comunidades mayas denuncian apropiación cultural en proyecto turístico impulsado por el gobierno de Quintana Roo
Representantes de comunidades mayas del municipio de José María Morelos presentaron una denuncia formal ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) por presuntas infracciones a la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. El señalamiento apunta directamente al proyecto turístico “Maya Ka’an”, promovido por el Gobierno del Estado de Quintana Roo.
La denuncia, respaldada por el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales A.C. (ProDESC), acusa al Estado de apropiación indebida del patrimonio biocultural maya, sin mecanismos de consulta ni participación comunitaria. El documento advierte que la iniciativa gubernamental vulnera derechos colectivos al comercializar elementos culturales sin consentimiento ni distribución equitativa de beneficios.
Recordaron que desde 2010, el gobierno estatal ha impulsado el desarrollo del destino turístico “Maya Ka’an”, que abarca más de 900 mil hectáreas en los municipios de José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto y Tulum. Bajo el concepto de turismo “vivencial”, el proyecto ha sido criticado por mercantilizar la cultura y los territorios indígenas.
Sin embargo, en 2022, la administración estatal formalizó la iniciativa mediante la Declaratoria de Zona Rural Comunitaria con Potencial Turístico, sin incluir a las comunidades en la toma de decisiones. Según los denunciantes, el organismo gestor del destino excluye a los pueblos originarios e impone requisitos discriminatorios que limitan su participación.
La denuncia también señala el registro de la marca “Maya Ka’an” ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) como otra acción que ignora los derechos humanos de las comunidades involucradas. Esta apropiación, afirman, constituye una forma de explotación cultural que invisibiliza el valor ancestral de los conocimientos y expresiones tradicionales del pueblo maya.
“Durante años hemos visto cómo empresas y personas externas se apropian de nuestra cultura, de nuestros saberes, y los usan para obtener beneficios económicos, sin reconocer ni compartir nada con quienes los originamos”, expresaron habitantes de la comunidad de Dziuché.
Las comunidades, acompañadas por organizaciones defensoras del patrimonio cultural indígena, solicitaron al INDAUTOR emitir medidas cautelares para frenar el uso no autorizado de sus elementos culturales mientras se resuelve el caso. De confirmarse las infracciones, los responsables podrían enfrentar sanciones administrativas y económicas conforme a la legislación vigente.
Las comunidades mayas recalcaron que su objetivo no es impedir el intercambio cultural, sino exigir respeto y reconocimiento de sus derechos ancestrales. En un contexto donde el turismo se ha convertido en política de Estado, los pueblos originarios demandan una relación más justa y equitativa con quienes lucran con su herencia cultural.
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