Lázaro Cárdenas, Quintana Roo.- La Fiscalía General del Estado, en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina, cumplimentó dos órdenes de cateo en la localidad pesquera de Chiquilá, que permitieron asegurar narcóticos, armas de fuego, cartuchos útiles, equipo táctico y granadas de fragmentación, así como la detención de una persona por delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, y portación ilegal de arma de fuego.
El primer mandamiento judicial tuvo lugar en un inmueble ubicado en la calle Jacinto Canek, esquina con calle Mar de Galilea, de la colonia Veracruzana, en la localidad de Chiquilá.
En el lugar, las autoridades aseguraron 3 armas de fuego calibre 7.62 mm, un arma calibre .223 mm, 2 granadas de fragmentación, un objeto metálico con características de lanzagranadas, 273 cartuchos útiles calibre 7.62 mm y 33 cartuchos calibre .223 mm.
Además, 15 cargadores abastecidos, chalecos tácticos, pantalón táctico, radios de comunicación, básculas grameras, hierba verde y seca con características similares a la marihuana y sustancia sólida.
En la misma localidad, elementos de la Policía de Investigación detuvieron a Raimi “N”, de origen cubano, sobre la calle Libertad, entre calle Margaritas de Galilea y una calle sin nombre. Durante la intervención, los agentes le aseguraron un arma larga calibre .9 milímetros y bolsas transparentes con hierba verde y seca.
El segundo mandamiento judicial tuvo lugar en un inmueble ubicado sobre la calle Agustín de Iturbide, entre las calles Emiliano Zapata y Francisco Villa, del poblado de Solferino. En el sitio, las autoridades localizaron un invernadero que en su interior tenía macetas con plantas verdes con características similares a la marihuana, además de hierba verde y seca.
Al concluir las diligencias, las autoridades colocaron sellos de aseguramiento en ambos inmuebles, los cuales quedaron bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado mientras que los indicios asegurados y Raimi “N” quedaron a disposición de la autoridad correspondiente, que determinará su situación jurídica dentro del término constitucional.
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