La Comisión Permanente de la XVIII Legislatura inició su primer periodo de sesiones del año, poniendo sobre la mesa reformas clave para dignificar la vida de la niñez que crece en entornos penitenciarios y para fortalecer los derechos de salud de los trabajadores del estado.
Uno de los puntos más sensibles de la jornada fue la iniciativa impulsada por el diputado Filiberto Martínez Méndez, la cual busca garantizar que las niñas y niños que viven con sus madres en centros de reclusión no sean olvidados por el sistema.
La propuesta plantea reformar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para asegurar que, a pesar del entorno de privación de la libertad de sus madres, los menores tengan acceso garantizado a la alimentación adecuada y saludable, atención médica integral e higiene y espacios de esparcimiento y educación inicial.
Esta medida busca romper el ciclo de vulnerabilidad, asegurando que el interés superior de la niñez prevalezca por encima de la situación jurídica de sus progenitoras.
En el acto de apertura legislativa, también se turnó a comisiones una iniciativa ciudadana presentada por Randy Vladimir Peña Pérez, la cual busca corregir una laguna que afecta la estabilidad de los empleados públicos.
La propuesta sugiere que las justificaciones médicas emitidas por instituciones privadas tengan plena validez laboral ante los Poderes del Estado, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados.
Con esto, se busca garantizar el derecho a la salud, que el trabajador no se vea obligado a saturar el sistema público solo por un justificante y que, en la continuidad terapéutica, respetar el seguimiento de médicos especialistas particulares, así como la protección del empleo al evitar sanciones o despidos injustificados cuando el trabajador cuenta con documentación médica legítima de una clínica privada.
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