Al menos 350 mujeres víctimas de diversos delitos en Quintana Roo no han obtenido justicia durante el presente año debido a presuntas irregularidades persistentes dentro de la Fiscalía General y el Tribunal Superior de Justicia del Estado, denunció la activista Ariadne Song Anguas, integrante de la Red de Víctimas Quintanarroense.
La defensora consideró que delitos como violencia institucional, agresiones sexuales, feminicidio en grado de tentativa, lesiones dolosas, violencia digital y hostigamiento permanecen en la impunidad, lo que ha provocado un creciente desánimo entre las víctimas para denunciar.
Afirma que la cultura de la denuncia decrece porque las mujeres ya no confían en las instituciones encargadas de impartir justicia ni en las instancias de acompañamiento.
Sostuvo que actualmente existen mujeres que llevan más de tres años enfrentando procesos plagados de obstáculos, presuntas ilegalidades y retrasos atribuidos tanto a personal de la Fiscalía General como del Poder Judicial estatal. Estas condiciones son aprovechadas por los agresores, quienes incluso continúan intimidando y amenazando a las víctimas ante la falta de resoluciones judiciales.
La activista criticó que el fiscal general del Estado, Raciel López Salazar, así como el magistrado presidente del Tribunal de Justicia, Heyden Cebada Rivas, tengan conocimiento de estas situaciones y, aun así, permitan las conductas señaladas entre sus subordinados.
Sentenció que, de cada 10 casos denunciados, cinco víctimas desertan por violencia institucional. De esas, solamente una logra llegar a carpeta de investigación, pero ésta tampoco prospera por falta de profesionalismo de las autoridades y de una verdadera red de apoyo.
Asimismo, reveló que cada víctima llega a gastar al menos 150 mil pesos anuales en su búsqueda de justicia, entre asesorías, traslados, terapias, trámites y diligencias legales.
Song Anguas también acusó de inoperancia a la Secretaría Estatal de las Mujeres y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Quintana Roo, al señalar que dichas instituciones se desentienden de los casos para evitar confrontaciones con otras dependencias gubernamentales.
La semana pasada, mujeres identificadas como Adriana, Mónica, Imelda, Leslie, Mariana y Yesenia ratificaron públicamente las deficiencias y omisiones que enfrentan en sus respectivos procesos legales.
Ante este panorama, víctimas y colectivos ya preparan nuevas protestas y actos públicos de denuncia para visibilizar la problemática y presionar a las autoridades estatales a garantizar acceso real a la justicia.
La Red de Víctimas Quintanarroense advirtió que, mientras continúe la impunidad y la revictimización institucional, la desconfianza ciudadana hacia las autoridades seguirá profundizándose en Quintana Roo.
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