CIUDAD DE MÉXICO. – La carrera por la sucesión gubernamental en Quintana Roo ha comenzado formalmente en el centro del país. La dirigencia nacional de Morena, en alianza con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), anunció que el próximo viernes 26 de junio se abrirá el registro para los aspirantes a encabezar la Coordinación Estatal de Defensa de la Cuarta Transformación, antesala de la candidatura al gobierno del estado para las elecciones de 2027.
Sin embargo, detrás del discurso de unidad y las reglas de «piso parejo», el proceso arranca con tensiones visibles, un calendario acelerado y el eterno reto de contener el derroche de recursos y las ambiciones locales.
La convocatoria nacional, que también incluye a Querétaro, San Luis Potosí y Sonora, limitará el registro a un máximo de seis perfiles por entidad. Según los líderes partidistas, los elegidos deberán cumplir con criterios de competitividad electoral, honestidad y trayectoria política, así como trabajo territorial.
La dirigencia morenista lanzó una advertencia estricta: quedan prohibidos los espectaculares, las campañas de desprestigio y el uso de recursos económicos para ganar ventaja. La instrucción es volver al origen: recorridos casa por casa.
El matiz crítico: Esta restricción llega tarde para un Quintana Roo que ha internalizado la «guerra de espectaculares» y la promoción personalizada anticipada como norma. Monitorear el financiamiento subterráneo y evitar que los aspirantes utilicen estructuras gubernamentales de manera velada será el verdadero reto de una dirigencia que, históricamente, suele reaccionar mediante la política de «hechos consumados».
Uno de los puntos de mayor fricción en la conferencia de prensa fue la postura del PVEM. Mientras Morena exige cierta prudencia institucional, el Partido Verde dejó claro que sus aspirantes no estarán obligados a separarse de sus cargos públicos.
En el contexto de Quintana Roo, donde el PVEM opera como una de las fuerzas políticas más ricas y con mayor control de estructuras municipales y legislativas, esta «excepción» rompe el discurso del «piso parejo». Permitir que cuadros del Verde compitan sin soltar el presupuesto o el escaparate de sus funciones actuales pone en desventaja inmediata a los militantes de a pie de Morena y de un PT que, tímidamente, se limitó a recordar que sus votos «han sido determinantes» para los triunfos de la coalición.
El proceso también estará marcado por el criterio de paridad de género y un blindaje ético que, sobre el papel, suena indispensable: los dirigentes insistieron en que los perfiles deben ser honorables y sin vínculos con la delincuencia organizada ni investigaciones judiciales en curso. En un estado como Quintana Roo, donde la seguridad y las acusaciones cruzadas entre actores políticos son moneda corriente, este filtro será la primera gran prueba de fuego para la Comisión de Elecciones.
Aunque el desenlace formal de la encuesta podría prolongarse hasta el 31 de diciembre de este año, la dirigencia no descartó que las definiciones se adelanten.
Con el banderazo de salida fijado para el 26 de junio, Quintana Roo entra en un periodo de pragmatismo político puro. La verdadera batalla no se librará en las urnas de la encuesta, sino en la capacidad de Morena para contener la voracidad de su aliado Green, en la definición del género que encabezará la postulación y en evitar que la guerra interna por la candidatura de 2027 paralice la gobernabilidad del estado en el presente.
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