Por Víctor Campos
El anuncio de que Grupo Salinas, tras más de veinte años de litigios con el fisco mexicano, comenzó a pagar un adeudo superior a los 32 mil millones de pesos ha sido presentado como un “triunfo histórico del estado de derecho”. La ministra Lenia Batres celebró el desistimiento de los amparos y el compromiso de pago como un mensaje alentador de igualdad en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Sin embargo, detrás de esta narrativa oficial se esconde una realidad incómoda: la igualdad que se presume no es tal.
El privilegio de litigar
Mientras un gran corporativo puede sostener durante décadas una batalla legal contra el SAT, un contribuyente común carece de los recursos para contratar despachos especializados y prolongar sus adeudos en tribunales. La mayoría de los ciudadanos, por desconocimiento de la ley fiscal o por falta de medios, se ven obligados a pagar de inmediato, sin posibilidad de negociar condiciones más favorables.
Plazos desiguales
El caso de Grupo Salinas es ilustrativo: se le concedió un esquema de 19 pagos para liquidar su deuda, mientras que el SAT, de manera oficial, solo ofrece a los contribuyentes comunes la posibilidad de diferir en seis mensualidades. La diferencia no es menor: para un ciudadano, seis meses pueden significar un sacrificio económico insostenible; para un corporativo, año y medio de holgura financiera representa un beneficio invaluable.
En 2025, el SAT lanzó un programa de reducción de multas y recargos que podía alcanzar hasta un 40% de descuento, pero con la condición de pagar en una sola exhibición. Es decir, los beneficios para los pequeños contribuyentes están limitados y condicionados, mientras que los grandes corporativos logran acuerdos más flexibles y prolongados.
La falsa igualdad
El discurso oficial que celebra la “igualdad en el cumplimiento de obligaciones” se desmorona cuando se observa la práctica. La justicia fiscal en México parece funcionar con dos velocidades: una para los grandes grupos empresariales, que negocian, litigan y obtienen condiciones especiales; y otra para los ciudadanos comunes, que enfrentan un sistema rígido y poco accesible.
El caso de Grupo Salinas no debería presentarse como un triunfo del estado de derecho, sino como un recordatorio de la profunda desigualdad fiscal que existe en México. Mientras los grandes contribuyentes cuentan con tiempo, recursos y flexibilidad para resolver sus adeudos, los pequeños contribuyentes enfrentan un sistema que los obliga a cumplir de inmediato y con condiciones mucho más duras. La verdadera igualdad tributaria no se logra con discursos, sino con reglas claras y parejas para todos.
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