Por Víctor Campos
A lo largo de su historia política reciente, Quintana Roo ha visto surgir la ambición de la planeación a largo plazo. Desde el antecedente del «Plan Gran Visión 2025» de Félix González Canto hasta el más reciente «Plan Estratégico para el Desarrollo Sostenible 2025–2050» de Mara Lezama Espinosa, estos instrumentos se presentan como la clave para trascender la tiranía del sexenio.
Sin embargo, la realidad de la alternancia y la naturaleza de nuestro sistema político obligan a una reflexión crítica: ¿Son estos planes verdaderos faros de desarrollo o son meros ejercicios de protocolo y posicionamiento electoral?
El Dilema de la Continuidad: La Voluntad Política como Única Ley
La principal debilidad de cualquier plan a largo plazo en México radica en su aplicación práctica. La ley puede obligar quizà a un gobernador a elaborar un plan, pero históricamente, nada ha forzado a un gobernador o gobernadora entrante a darle continuidad a la visión de su predecesor.
Cuando un nuevo titular asume el poder, hereda el andamiaje jurídico, pero ignora la herencia política. La inercia del sistema impulsa al nuevo mandatario a: Marcar Distancia: La necesidad de diferenciar su gestión y demostrar que tiene una «visión propia» es un imperativo político.
Concentrar Recursos: Los recursos y el capital político se concentran en los nuevos proyectos insignia que consolidan su propia narrativa de gobierno.
Elaborar un Nuevo PED: El Plan Estatal de Desarrollo (PED) sexenal se convierte en el verdadero instrumento rector, relegando el plan de largo aliento a un documento de consulta opcional.
En este contexto, el «Plan Gran Visión 2025» funcionó como un noble intento que dependió casi totalmente de la voluntad política de quienes le sucedieron. Al no ser un documento blindado por una amplia legitimidad social o mecanismos de supervisión estrictos, su implementación fue decayendo en el tiempo.
Es innegable que la creación de un plan con un horizonte de 20 o 25 años genera un capital político inmediato. Al convocar a la sociedad civil, a expertos y a empresarios para «diseñar el futuro» de Quintana Roo, el gobernador o gobernadora se posiciona como un líder con una visión de Estado, no solo de gobierno.
Legitimación de Inicio de Gestión: El proceso participativo se convierte en un mecanismo eficaz para legitimar una nueva administración.
Aparador Social: La presentación de estas megaplanes proporciona una excelente plataforma mediática, evidenciando un «compromiso» con la sostenibilidad y el futuro que resuena positivamente en el electorado.
El riesgo es que este enfoque priorice la foto y el titular sobre la estructura operativa. Si un plan de 25 años se convierte en una simple lista de deseos sin un presupuesto multianual asignado, sin órganos técnicos de seguimiento independientes y sin penalizaciones por su incumplimiento, su función principal se limita al protagonismo social con fines de posicionamiento.
La Esperanza en la Nueva Ley
El nuevo Plan Estratégico 2025–2050 de la actual administración se apoya en una legislación que busca hacerlo jurídicamente vinculante. Esta es la gran esperanza para romper el ciclo. Sin embargo, la verdadera prueba no está en la ley escrita, sino en la responsabilidad intergubernamental.
Quintana Roo necesita transitar de la retórica de la «Gran Visión» a la disciplina de la ejecución. Solo cuando un nuevo gobierno enfrente consecuencias políticas o sociales significativas por descartar un plan que la sociedad ayudó a construir, estos instrumentos dejarán de ser meros fines de ciclo y se convertirán en verdaderas guías de desarrollo a largo plazo. La planeación debe dejar de ser un monumento al gobernante en turno y convertirse en un mandato ciudadano ineludible.
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