Por Víctor Campos
En el pequeño rincón de la Costa Maya donde el azul del Caribe todavía se siente virgen, el aire huele a incertidumbre. Bajo la promesa de una inversión de 600 millones de dólares y la creación de miles de empleos, la naviera Royal Caribbean busca erigir su «Perfect Day México», un enclave turístico masivo que pretende recibir a 20,000 turistas diarios. Sin embargo, para los habitantes de Mahahual, el proyecto no es un sueño, sino una amenaza que ya ha llegado a los tribunales federales.
La organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) y colectivos locales han interpuesto un recurso de amparo que busca frenar los cambios al Programa de Desarrollo Urbano (PDU) realizados por el Ayuntamiento de Othón P. Blanco. Los quejosos denuncian que las autoridades municipales «ajustaron el suelo a la medida de la empresa», reclasificando zonas de Parque Ecológico como áreas de desarrollo comercial.
«No es progreso si destruye nuestra barrera natural», comenta un habitante que prefiere el anonimato por temor a represalias. Se refieren a las 45 hectáreas de selva y manglares (rojo, blanco, negro y botoncillo) que fungen como el único escudo de la comunidad frente a los huracanes. El amparo sostiene que el Ayuntamiento violó el derecho constitucional a un medio ambiente sano al omitir consultas públicas reales y transparentes.
El contraste es lacerante. Mientras la naviera presume un proyecto «sustentable», Mahahual agoniza entre calles sin pavimentar, falta de drenaje y plantas de tratamiento de aguas negras colapsadas. Los residentes denuncian un modelo de «turismo de enclave»: los cruceristas bajan directamente a las instalaciones privadas de la naviera, consumen ahí y regresan al barco, dejando apenas migajas para la economía local.
«Nos prometen empleos, pero serán puestos de servicio mal pagados. A cambio, perdemos el acceso a nuestras playas y ponemos en riesgo el segundo arrecife de coral más grande del mundo», señala la petición ciudadana que ya suma más de 200,000 firmas en plataformas digitales.
Incluso con la admisión reciente de la empresa en su Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) sobre un «impacto negativo significativo» en especies protegidas —incluyendo felinos en peligro de extinción—, el gobierno estatal ha mantenido su respaldo total al proyecto. La comunidad acusa una «puerta giratoria» de funcionarios públicos que ahora trabajan para la consultoría de la naviera, facilitando trámites que deberían estar bajo un escrutinio riguroso.
El amparo interpuesto no solo busca salvar árboles; busca salvar la identidad de un pueblo que se niega a convertirse en un parque temático privado. La moneda está en el aire, y el juez federal tendrá la última palabra sobre si el interés económico de una corporación extranjera vale más que la seguridad ambiental de miles de mexicanos.
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